¿Inquisición o justicia? Trabajadores alertan por fallo en caso Continental Towers y piden intervención de la OIT y la ONU
Una frase se repite en voz baja entre trabajadores vinculados al caso Continental Towers en Centroamérica: “Están usando al juez Kaplan”. No es un comentario suelto. Es la síntesis de un temor colectivo que, según un comunicado sindical conocido por este medio, ya se convirtió en una alerta regional: miles de empleados en Latinoamérica podrían quedar expuestos a un escenario de colapso laboral y riesgo jurídico si una decisión judicial se adopta —denuncian— con información incompleta.
El documento, difundido por trabajadores y fuentes cercanas al proceso, plantea una acusación de alto impacto: que la contraparte habría construido su narrativa mediante “verdades a medias”, ocultando información relevante, filtrando solo lo conveniente y limitando la presentación o valoración de evidencia. “No es que falten pruebas; es que no las dejan presentar aun siendo ya verificadas en Centroamérica por fiscalía”, afirma una fuente citada en el texto, que pide reserva por seguridad.
“Le muestran solo lo que les conviene”: la denuncia sobre un expediente “curado”
Según el comunicado, el problema no sería únicamente el contenido del fallo, sino cómo se estaría alimentando el expediente. La advertencia de los trabajadores apunta a un riesgo institucional: si el tribunal decide sin ver el cuadro completo, el nombre del juez Lewis A. Kaplan podría quedar asociado a una resolución que —sostienen— habría sido empujada por una narrativa recortada.
“Si al juez solo le enseñan una cara de la moneda, lo ponen a firmar una decisión que luego otros usarán para decir: ‘lo decidió Kaplan’”, señala el documento. En esa lógica, sostienen, el juez quedaría “instrumentalizado”, y el costo social recaería sobre millas de empleados en la región.
Un punto “explosivo”: señalamientos sobre presuntas investigaciones y cuentas congeladas
El comunicado va más allá y menciona hechos que, de confirmarse por autoridades, podrían reconfigurar el caso. En el texto se afirma que existirían señalamientos de manejo de dineros para pagos a “personajes oscuros” que habrían llegado a Guatemala con el objetivo de “comprar pruebas y fiscales”. Como consecuencia, agrega, se habría abierto una investigación adicional por lavado de dinero y organización ilícita, con congelamiento de cuentas de varios implicados.
El documento menciona por nombre a personas que identifican como “autonombrado” CO: Jorge Gaitán y “autonombrada” COO: Carol Echeverría, además de “otras personas más”. Este medio no ha verificado de manera independiente esos señalamientos con documentación oficial, y busca contrastarlos con fuentes formales.
“Nos queremos volver cómplices”: el dilema de los trabajadores
Más allá de las disputas corporativas o judiciales, el comunicado insiste en el impacto humano. La preocupación central es que los empleados sean empujados a ejecutar decisiones que consideran irregulares o de difícil aplicación en marcos legales centroamericanos, quedando atrapados entre la obediencia y el riesgo.
“Lo más grave es que nos piden actuar como si todo fuera normal, cuando no lo es”, dice el texto. Los trabajadores describen una sensación de estar “rehenes” y temen ser convertidos en “cómplices por obligación”.
Llamado urgente a la OIT y la ONU: “observación, canales de denuncia y verificación”
Ante este panorama, los trabajadores elevan una solicitud formal: piden a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya la ONU que activan mecanismos de observación, acompañamiento y verificación, con énfasis en tres puntos:
- protección del derecho al trabajo digno y la estabilidad laboral;
- respeto al debido proceso, incluyendo acceso a pruebas y transparencia;
- canales de denuncia y protección ante eventuales presiones, amenazas o coacciones.
El comunicado subraya que no busca sustituir a tribunales ni autoridades, sino pedir supervisión internacional “donde existen riesgos de afectación masiva a los trabajadores”.
“Centroamérica y Latinoamérica se respetan: se respeta la dignidad de su gente trabajadora, se respetan sus leyes y se respeta su institucionalidad”, concluye el documento.
Lo que viene: preguntas clave que exigen respuestas
Las afirmaciones del sindicato abren interrogantes que, por su alcance, requieren verificación documental:
- ¿Qué evidencia fue limitada o excluida y bajo qué argumentos procesales?
- ¿Existen investigaciones formales por lavado de dinero y organización ilícita vinculadas al caso?
- ¿Hubo congelamiento de cuentas ya nombre de quiénes?
- ¿Cuál sería el impacto laboral concreto para los trabajadores en la región?
Este medio solicitó comentarios a las partes involucradas para contrastar estas denuncias y ampliar la información con fuentes oficiales.
Evidencias Legales entra en este link https://interventoriacontinentaltowers.com/
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