Piden frenar “amparos” y desalojos en Buriticá: comunidades radican requerimientos a la ANM y exigen cautelares medidas contra Zijin–Continental Gold
Buriticá (Antioquia). Comunidades indígenas, organizaciones afro y asociaciones de mineros ancestrales radicaron requerimientos formales ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) solicitando medidas cautelares urgentes para que se suspendan amparos administrativos, así como órdenes de cierre y desalojos que —según los documentos— estarían afectando directamente a población del territorio en el marco de la operación de Continental Gold (hoy Zijin–Continental Gold).
Los escritos, fechados el 16 de marzo de 2026 y conocidos por este medio a través de NEXUS ANCESTRALES (que actúa como fuente del contenido radicado), fueron dirigidos a dos altas instancias de la ANM:
- Lina Beatriz Franco Idárraga, directora de la Agencia Nacional de Minería (ANM) (Bogotá).
- Jimmy Soto Díaz, Vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera (ANM) (Bogotá).
Los documentos están firmados por el abogado Rubén Darío Herrera Rueda , quien actúa —según los requerimientos— en nombre propio y de organizaciones del municipio, incluyendo el Resguardo Indígena Emberá-Katío, Asoafro Buriticá, Asociación Mujeres de Oro de Buriticá, Asominerburi, la Sociedad Minera “Cacique San Antonio” y mineros ancestrales.
Contexto (para lectores que no conocen Buriticá)
Buriticá es un municipio del Occidente antioqueño reconocido por su tradición minera aurífera. En los últimos años se ha convertido en un punto crítico por la convivencia —y choque— entre minería ancestral/informal, operaciones de gran escala, disputas por el control de bocaminas y tensiones asociadas a seguridad, formalización y presencia institucional.
El pedido urgente: frenar amparos, cierres y desalojos
El núcleo de las solicitudes es cautelar. En el apartado de “medidas cautelares”, los requerimientos piden:
- Suspender “todos los amparos administrativos y órdenes de cierre y desalojo” emitidos por la multinacional (mencionada en el texto como Zijin–Continental Gold/Continental Gold), hasta tanto no se realicen consultas previas.
- Autorizar, mientras se define la consulta previa, la exploración, explotación, traslado y comercialización de 61 bocaminas que el documento señala como “bajo custodia” de comunidades y asociaciones del territorio.
- Solicitar al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y la UNIMIL que no realicen intervenciones en esas unidades mineras mientras avanzan los trámites de regulación y formalización.
Los textos incluyen un listado de unidades mineras con nombres y coordenadas y argumentan que las comunidades invocan una protección especial por normas constitucionales y estándares de derecho internacional.
La denuncia de fondo: títulos, fiscalización y una resolución clave
Además de las medidas cautelares, los requerimientos solicitan a la ANM fiscalización a la empresa y cuestionan la entrega de títulos mineros y la expedición de la Resolución VSC-000092 del 30 de marzo de 2023, que —según el documento— declaró, entre otros puntos, como Proyecto de Interés Nacional el contrato de concesión P7495011, cuyo titular figura como Continental Gold Limited Sucursal Colombia S.A.S.
La argumentación del escrito sostiene que estos procesos habrían avanzado sin consulta previa en el territorio, y pide que se inicien rutas de formalización para mineros asociados a comunidades indígenas y afro, así como para mineros ancestrales.
Lo que viene: respuesta institucional y versión de la compañía
El caso plantea dos rutas: una inmediata (decisión sobre medidas cautelares para frenar amparos y desalojos) y otra estructural (revisión de procedimientos, consulta previa y formalización).
Este medio buscará la versión de la ANM y de Zijin–Continental Gold sobre las solicitudes descritas en los documentos y el estado de los procesos señalados.
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