Buriticá en la mira: comunidades indígenas, afro y mineros ancestrales reclaman reconocimiento y justicia frente a la expansión minera
Buriticá, Antioquia — En el corazón de Antioquia, el municipio de Buriticá se ha convertido en epicentro de un conflicto que trasciende la minería y toca las fibras más profundas de la identidad, los derechos y la dignidad de sus comunidades indígenas, afrodescendientes y mineros ancestrales. Un documento oficial, radicado el 12 de noviembre de 2025 ante el Ministerio del Interior, revela una denuncia contundente: el Estado colombiano ha desconocido sistemáticamente a estas comunidades, mientras una multinacional minera, Continental Gold (hoy Zijin-Continental Gold), avanza en la explotación de tierras ancestrales sin cumplir con las consultas previas que la ley exige.
Desde la fecha de radicación, se solicitó formalmente el reconocimiento de la comunidad indígena, afro y grupos triviales del municipio, sin que hasta hoy se haya recibido respuesta alguna por parte del Ministerio del Interior. Esta ausencia de pronunciamiento puede interpretarse como un silencio administrativo positivo a favor de la comunidad, pero también evidencia una grave negligencia administrativa que prolonga la invisibilización y vulneración de sus derechos.
La historia de Buriticá es la de un territorio habitado desde tiempos ancestrales por los pueblos indígenas Catíos, Nutabes y Tahamíes, y por comunidades afrodescendientes que llegaron con la colonización. Sin embargo, el reconocimiento oficial de estas comunidades ha sido ignorado, invisibilizando sus derechos y tradiciones. La denuncia, firmada por el abogado Rubén Darío Herrera Rueda en representación de los cabildos indígenas y asociaciones afro, expone que el Estado ha entregado títulos mineros sin realizar las consultas previas obligatorias, violando normas constitucionales y tratados internacionales que protegen la diversidad étnica y cultural.
El documento detalla cómo, desde 2010, la multinacional ha incrementado su control territorial en Buriticá en un 328%, desplazando a mineros informales y ancestrales mediante amparos administrativos y operativos militares como la polémica “Operación Creta”. Esta operación, aunque presentada como un esfuerzo para combatir la minería ilegal, ha dejado un saldo de decenas de mineros heridos y desaparecidos, y ha sido denunciada por violaciones a los derechos humanos.
Mientras tanto, las comunidades afectadas enfrentan un abandono estatal que se traduce en omisión moral, falta de protección y ausencia de políticas sociales que garanticen su bienestar y autonomía. La denuncia exige el reconocimiento oficial de estas comunidades, la suspensión de los amparos administrativos que permiten la expansión minera sin consulta, y la indemnización a las víctimas de la violencia minera.
Este caso pone en evidencia un modelo de “gobierno privado del oro”, donde el Estado delega en empresas privadas la regulación y control de territorios, debilitando su presencia directa y dejando a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.
La denuncia no solo llama a la reflexión sobre la justicia social y ambiental en Colombia, sino que también exige acciones concretas para garantizar que los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes sean respetados, y que la minería se realice con responsabilidad y respeto a la vida y cultura de quienes habitan estas tierras.
¿Qué sigue? La presión social y legal crece, y la atención nacional se dirige hacia Buriticá. La comunidad, sus líderes y organizaciones esperan que el Estado y la justicia actúen con prontitud para reparar daños y evitar que la historia de despojo y violencia se repita.
Aqui publicamos el documento al cual hemos tenido acceso como soporte de evidencia.
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