La narrativa del “banquero rebelde” de Goldman Sachs bajo asedio en América Latina
Al igual que otras grandes corporaciones que han sido expuestas por prácticas corruptas aparentemente ignoradas —e incluso toleradas— por las altas esferas, Goldman Sachs ha intentado presentar el escándalo de 1MDB como una “operación aislada” ejecutada por un jefe rebelde del sudeste asiático, Tim Leissner, y su mano derecha, Roger Ng.
El banco se disculpó públicamente por su papel en facilitar la mayor cleptocracia registrada en la historia y, en octubre de 2020, firmó un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (Deferred Prosecution Agreement, DPA) con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, mediante el cual pagó una multa de 2.900 millones de dólares, aceptando que cualquier actividad criminal durante los tres años siguientes reactivaría el proceso penal contra la entidad.
Para muchos, aquella sanción fue apenas un “tirón de orejas” para la cúpula bancaria, que había ignorado múltiples advertencias y obtenido bonificaciones récord gracias a las cuestionadas emisiones de bonos de 1MDB. Mientras tanto, los “culpables visibles” —Leissner y Ng— recibieron condenas menores: dos años de prisión para el primero (tras un acuerdo judicial) y diez años para el segundo.
Sin embargo, nuevas denuncias penales e investigaciones oficiales provenientes de América Latina parecen indicar que más “banqueros rebeldes” vinculados a Goldman podrían estar saliendo del mismo pantano de capitalismo de riesgo en economías emergentes que el banco ha explotado activamente.
De confirmarse, el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido podría reactivarse, ya que los hechos señalados se remontan a fechas previas a su vencimiento en octubre de 2023.
¡Notificación Roja!
La semana pasada, el miércoles 17 de septiembre, El Salvador emitió órdenes de captura y alerta roja de Interpolcontra cinco personas, tres de ellas inversionistas estadounidenses del grupo Peppertree Capital Management, con sede en Ohio y financiados por Goldman Sachs durante el período en que presuntamente se cometió el fraude señalado en la acusación.
Los hechos descritos en la imputación, relativos a un supuesto “boicot corporativo”, coinciden con octubre de 2020, el mismo mes en que Goldman firmó el DPA por el caso 1MDB. (Cabe recordar que Peppertree vendió sus operaciones a TPG en mayo de este año, mientras las acusaciones continuaban acumulándose).
Los otros dos acusados, ciudadanos guatemaltecos, ya están detenidos en su país y a la espera de extradición. La fiscalía salvadoreña los acusa de fraude agravado, extorsión y asociación ilícita en perjuicio de la compañía Continental Towers y sus filiales.
El trasfondo de estas acusaciones —que probablemente será presentado por los implicados como una maniobra de intereses locales— es una larga disputa por el control de una de las empresas de torres de telecomunicaciones más valiosas de la región, con un valor estimado cercano a mil millones de dólares.
Según la denuncia, Goldman Sachs habría financiado un intento de toma hostil de Continental Towers, buscando al mismo tiempo quedarse con una participación accionaria significativa a una fracción de su valor real. El banco es acusado de conflicto de intereses, ya que poseía acciones minoritarias en la compañía mientras apoyaba financieramente su venta forzada a una entidad que también controlaba.
Los guatemaltecos detenidos —Jorge Leonel y Jorge Alberto Gaitán, padre e hijo— eran altos funcionarios de Continental Towers y están acusados de malversación de fondos y de colaborar con los estadounidenses y Goldman Sachs en el intento de adquisición.
Conflicto de Intereses y Quebranto de Confianza
Las acusaciones contra Goldman Sachs fueron también detalladas en una demanda civil interpuesta en Florida en septiembre de 2021 por Continental Towers/Terra Towers Corporation contra su competidor Torrecom Partners.
En dicha acción judicial, Continental acusa a Torrecom de conspirar con accionistas minoritarios —entre ellos Peppertree Capital Management (32,2%) y una filial de Goldman Sachs (AMLQ Holdings (CAY) Ltd, 13,35%)— para ejecutar una “fusión forzada” destinada a apoderarse de la empresa. El dueño original, Jorge Hernández, mantenía una participación mayoritaria del 54,4%.
Los nuevos socios, sin embargo, controlaban dos de los cuatro asientos de la junta directiva y un “observador” designado por Goldman Sachs, Milton Milman, lo que les permitió —según la demanda— bloquear contratos estratégicos y deteriorar el valor de la empresa para forzar su venta.
En 2020, al vencer el período de restricción de venta, los minoritarios promovieron la venta de la empresa a Torrecom por aproximadamente 400 millones de dólares, muy por debajo de su valor estimado de 900 millones. La demanda sostiene que Goldman Sachs financiaba tanto a los vendedores como a los compradores, configurando un auto-negocio (self-dealing) y un claro conflicto de interés.
Arbitraje y Controversia
El conflicto escaló al Centro Internacional de Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) en Nueva York. Allí, en 2021, un panel presidido por el árbitro Marc Goldstein falló a favor de los accionistas minoritarios, ordenando la venta forzada de la empresa.
Goldstein fue posteriormente acusado por los demandados de falta de imparcialidad y vínculos con Goldman Sachs, tras la publicación de un artículo anónimo en “Wall Street Whistleblower Online” que alegaba que una cuenta bancaria a su nombre había recibido 250.000 dólares en la sede de Goldman Sachs en Nueva York, apenas días después de su designación como árbitro.
Goldstein negó categóricamente las acusaciones, aunque reconoció posteriormente haber tenido contacto familiar con un exsocio jubilado del banco. Aun así, el panel rechazó las solicitudes de recusación y continuó con el proceso, emitiendo un fallo final en agosto de 2022 que impuso una multa de 354 millones de dólares al accionista mayoritario, Jorge Hernández.
Nuevas Revelaciones
Mientras Continental Towers y sus abogados buscan la anulación del laudo arbitral y la suspensión de la sentencia en Nueva York, nuevas denuncias criminales han surgido en otro país latinoamericano, involucrando nuevamente a personas vinculadas a Goldman Sachs.
Según fuentes consultadas, autoridades de varias jurisdicciones —incluyendo Islas Caimán, Isla de Man, Suiza y Singapur— han recibido solicitudes de cooperación internacional para investigar posibles transacciones ilícitas y sobornos relacionados con el caso.
Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el mismo período cubierto por el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido de Goldman Sachs, lo que podría exponer al banco a una nueva ola de investigaciones y sanciones internacionales.
La historia continúa desarrollándose.
